"Del año 90 al 2006, llegaron las inversiones... ¿dónde llega un inversionista? ¡No nos engañemos! No va a un país empobrecido a ayudar. Eso es el cuento. Llegan a hacer el negocio de su vida. Buscan gobiernos peleles para mantener el control sobre nuestras naciones. Pero en cuanto sus beneficios descienden, se van. El inversor no juega con su plata". Quien así se expresa es Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Estas palabras, pronunciadas en el transcurso de XVII Cumbre Iberoaméricana celebrada en noviembre de 2007 en Santiago de Chile, activaron una cadena de denuncias sobre la actividad de algunas empresas multinacionales españolas. Aquel alegato de Ortega frente a propuestas liberalizadoras del mercado como antídoto contra la pobreza tienen de una forma o de otra, su continuación en otras zonas de la región.
Ahora es Argentina quien se plantea decir no a los planes de Repsol YPF y Madrid le ha amenazado con el puño. Datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) indican que 234 millones de latinoamericanos siguen viviendo en la pobreza y 107 millones son pobres de solemnidad. Además, 80 millones carecen de agua potable.
La conclusión es demoledora: en los últimos 20 años en los que España se ha convertido en el principal inversor europeo y el segundo del mundo tras EEUU en el continente latinoamericano, las diferencias entre ricos y pobres no se han reducido, sino que se han incrementado. El resultado es que el 57% de sus ciudadanos no cree ya en la buena fe de las inversiones españolas, según el Latinobarómetro.
"Exitosas económicamente pero desprestigiadas socialmente", indican desde algunas cancillerías latinoamericanas. Las denuncias contra las multinacionales españoles se acumulan. Una afecta a la multinacional petrolera Repsol YPF, que en 2004 incrementó sus ganancias un 29,4% gracias al crudo extraído en Bolivia pero luego se enfrentó a una demanda de Ecologistas en Acción por su presencia en siete parques protegidos del país andino, algo impensable en España.
La banca tampoco se libra del azote de un huracán que, para algunos, sólo ha comenzado. Human Rights Watch y varios movimientos indígenas acusan al BBVA y al Banco de Santander de financiar proyectos de ética dudosa relacionados con minas de oro, cobre y zinc, oleoductos y gasoductos que contradicen los estándares de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), la contribución activa, pero voluntaria de las empresas al mejoramiento global del lugar donde actúan.
Se refieren a la mina Yanacocha de Perú, el segundo yacimiento de oro más grande del planeta, que en 2000 causó una intoxicación masiva con un vertido incontrolado de cianuro en las aguas de la zona. La contaminación provocó el desplazamiento forzoso de 70 familias indígenas. Estos grupos responsabilizan al BBVA de haber prestado 100 millones de dólares a sus administradores mineros
Teléfonos de Perú, antes de ser adquirida por la española Telefónica, tenía 12.094 trabajadores. Ahora son 3.823. En Colombia, la inversión extranjera durante estas dos últimas décadas se ha incrementado en más de 4.000 millones pero el Producto Interior Bruto (PIB) sigue congelado en sus bajos niveles de siempre, la tasa de paro creció tras las privatizaciones y el índice de pobreza se disparó.
Desde el Observatorio de las Multinacionales de América Latina (OMAL) apuntan que una de las causas de estos excesos es el manejo magistral "que empresas como Repsol" hacen de los criterios de la Responsabilidad Social Corporativa, "el arte del lavado de cara". En su opinión, aparecen como mecenas en el mundo del arte (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona), en la música (trabaja con la UNESCO), en universidades (apoya cursos de verano, investigaciones, becas..), otorga premios medioambientales, apoya programas de cooperación al desarrollo o dispone de etiquetas verdes en todos sus productos. Incluso sus códigos de conducta y sus mecanismos de autorregulación exigen respeto a los derechos humanos. "Ahora bien, sus inversiones, ganancias y riesgos están sujetos al Derecho Internacional del Comercio, derecho duro, imperativo, coercitivo, sancionador y tutelado por tribunales económicos cuyas sentencias sí son de obligado cumplimiento y neutralizan la jurisdicción internacional sobre Derechos Humanos", indican desde OMAL.
¿Cómo explicar sino la imposibilidad de aplicar el derecho a la alimentación -meramente declarativo- frente a la protección -plenamente eficaz- de los sistemas bancarios? ¿Por qué las sanciones del Comité de Libertad Sindical contra Colombia no se cumplen y los derechos de Repsol en el mismo país se tutelan sin fisuras de ningún tipo?
Fernando Casado, director del Centro de Alianzas para el Desarrollo (CAD), reconoce que el desembarco empresarial español en América Latina aporta el 9% del PIB del continente "algo muy importante". Sin embargo, admite que los cambios políticos experimentados en países como Ecuador, Venezuela o Bolivia exigen "una nueva fase de relaciones". Casado cree que España debe fomentar el diálogo con las administraciones locales. "El futuro pasa por las alianzas público-privadas y una mayor implicación social de las empresas".
Nada nuevo. Al menos lo fue para John Kenneth Galbraith para quien el hecho de que el mercado no produce óptimos resultados sociales "es algo reconocido por los economistas desde hace mucho tiempo". El ministro Soria no le ve así. ¿O sí?
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