Creo que fue en la primavera de 2007 cuando la burbuja inmobiliaria en España mostró los síntomas evidentes de un sistema económica asolado por una enfermedad terminal. Por aquel entonces trabajaba en la revista La Clave. Durante dos semanas me dediqué a recopilar opiniones de expertos en macroeconomía, de agencias de calificación, de bancos e, incluso, de políticos que aun hoy siguen en activo. En público, ninguno de los consultados, salvo honrosas excepciones, quiso pronunciar la palabra "Recesión". Simplemente no entraba en sus planes, bien por precaución o por el encantamiento que entonces les provocaba el crecimiento interno del país. Sin embargo, las apreciaciones cambiaban en privado.
El miedo a una explosión de la economía con consecuencias imprevisibles para los ciudadanos hervía a fuego lento entre cerveza y cerveza, como una posibilidad real que algún día llegaría. La sorpresa es que hoy lo he leído, cinco años después de escribirlo, y me cuesta entender que nadie se encuentre procesado por la estafa cometida, por la omisión de las predicciones o sencillamente por la incompetencia del personal ante el gran robo que se estaba cometiendo y que ahora debemos subsanar los ciudadanos.
Un año antes de escribir el reportaje sobre la peligrosa situación económica que vivía la España del ladrillo, en septiembre 2006, este país tenía el mayor parque de viviendas de la UE —más de 23 millones, una por cada dos habitantes—, el ritmo de construcción más alto —cuatro millones de casas nuevas en diez años, tantas como Reino Unido, Alemania y Francia juntos— y también los precios más desorbitados —1.956,7 euros el metro cuadrado—. En el cielo de las finanzas, el ladrillo no sólo era el buque insignia de las cotizaciones en Bolsa, sino que suponía entre el 15% y el 25% del crecimiento en PIB nacional y el 30% del empleo que se generaba en el país.
La experiencia sufrida en EEUU y los datos sectoriales aportados en el primer trimestre de 2007 por el Ministerio de Vivienda, entonces dirigido por María Antonia Trujillo, en medio de una situación tan prometedora, indicaron que el valor de los pisos comenzaba a ralentizarse con crecimientos inferiores a dos dígitos, un 9,8% frente al 18,4% de 2004. Algunos descubrieron que aquel cordero inmobiliario empezaba a mostrar patas de lobo por debajo de la puerta pero nada de hablar de que o se iniciaba un profundo cambio productivo o el único escenario que nos esperaba era la Recesión invitable. El debate se centró en el grado de la disminución de los precios y obvió su impacto sobre la economía nacional.
"¿Y no hay riesgo de Recesión?", preguntaba. El pronóstico que transmitían algunos analistas es que había margen para enderezar los desajustes que venían, porque la normalización de la construcción todavía tardaría en llegar algún tiempo, ya que su mercado era mucho más lento que el de valores. Mientras tanto, bancos como Bankia, continuaban animando la burbuja inmobiliaria con hipotecas cada vez más largas y tentadoras, especialmente a los jóvenes que comprometían su vida laboral fascinados por la atrayente inversión. Eran las mismas entidades que en privado admitían sin ambages la posibilidad de la llegada de una recesión en dos años. Y sobre esa hipótesis trabajaban en secreto.
Un agente de el agente de Gestconsult llamado David Ardura aseguró: "Hay pocas probabilidades de sufrir una crisis porque el aterrizaje del sector inmobiliario se está produciendo de forma escalonada, con fusiones empresariales que se anticipan al pico del ciclo. Además, se está abriendo a otros mercados, como el de Europa del Este, donde existen muchas posibilidades de expansión”.
El propio secretario de Estado de Economía en 2007, David Vegara, no veía motivos para la alarma ya que el dinamismo que mostraba la inversión en bienes de equipo y el aumento de las exportaciones impedían renunciar al sueño de que, con o sin ladrillos, la máquina de la economía española continuaría bufando de éxito. Premeditadamente o accidentalmente, es obvio que se equivocó lo que no ha supuesto una cortapisa para que hoy ocupe un cargo destacado en el Consejo de Administración de una multinacional española.
Pero una minoría ya sostenía en 2007, sin mucho éxito de público y demasiada displicencia por parte de los voceros del sistema, que la recesión era virtualmente inevitable. El efecto más inmediato —y también el menos discutido— que argumentaban era la disminución del grado de incidencia del sector inmobiliario sobre el sistema productivo español. "Es que no hay otro", repetían. Las cifras que manejaban estos agoreros eran demoledoras: En 2007, el ladrillo empleaba a 1.057.396 personas frente a las 272.000 en el de servicios.
"Un estancamiento de este sector puede ser catastrófico para la economía española porque incrementará la tasa de parados, a no ser que otros sectores absorban parte del flujo excedente —empleo e inversión—en lugar de dedicarse a acumular capital". Los derrotistas aventuraban un escenario negro como la noche. Su argumento es que en la España de 2007 había tantos ciudadanos con deudas hipotecarias que la propia economía acabaría convirtiéndose en rehén del crédito, por lo que una incontenible variación al alza de los tipos de interés —y es lo que ocurrió, ya que el control ya no estaba en manos del Banco de España sino que son fijados por el BCE en función de la situación económica comunitaria— abría la posibilidad a una inestabilidad financiera aguda.
De nada sirvió que el entonces comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, advirtiera de que “la situación de la economía española será cada vez menos sostenible” si el endeudamiento familiar seguía creciendo al ritmo de 2007, lo que, según sus cálculos, alcanzaría el 130% de la renta disponible en 2008. Una temeridad, si se tenía como referente las repercusiones financieras que tuvo en EE UU una evolución parecida. Entonces, el primer perjudicado fue el consumidor.
Consultada al respecto la empresa Goldman Sachs, el Sancta Sanctorum de las bancas de inversión y valores del mundo, se limitaba a negar esta hipótesis y cuantificar la colisión en función de la reacción de los consumidores que "suele ser positiva". Es decir, minimizaron la conexión entre hipotecas y consumo. Así de simplón era el análisis de esta empresa nacida del vientre del neoliberalismo salvaje. Un informe de la JPMorgan, otra de las firmas de inversión que hoy sigue campando por sus respetos por este intrincado mundo de las finanzas, indicaba que en EE UU también se produjo una cancelación de las deudas sin consecuencias demoledoras para el equilibrio financiero del país porque, en realidad, aseguraban entonces "la conexión es más débil de la esperada, por lo que la caída de los precios de la vivienda sólo puede tener un efecto moderado sobre el gasto del consumidor". Es decir, confeti para la economía nacional.
Los positivistas como JP Morgan o Goldman Sachs coincidían al indicar que la elevada liquidez existente en 2007 ya había comenzado a buscar refugio en otros sectores y la inmigración debería tomar el relevo en cuanto a la adquisición de vivienda. "Esta conjunción de factores sostendrá los precios”, afirmaron. Los pesimistas silenciados (que no salían en la prensa) creían, al contrario, que una bajada repentina de los precios de la vivienda intimidaría al ciudadano, que se encontraría pagando hipotecas por unos activos sobrevalorados que ya no podría colocar en el mercado por su valor original.
Es decir, de poder utilizar sus casas como gigantescos avales para conseguir dinero, se pasaría a la asfixia que supone hacer frente a créditos bancarios de 400.000 euros por pisos que nadie compraría por más de 300.000. Además, como el ahorro proseguía su lenta caída —aquel año no superó el 16,17% del PIB, medio punto menos que en 2006— el desahogo financiero del consumidor sólo llegaría retirando las hipotecas... o no pagándolas. El problema es que, cuando esto ocurre, el consumo hace tiempo que estaba muerto. Y de ahí a la recesión sólo hay un paso.
No resultaba complicado que con la previsión al alza de los tipos de interés, con el aumento de la deuda y de la carga financiera de las familias registrado, el escenario que se vislumbraba en España era de un ajuste imprevisiblemente demoledor. Sólo el Servicio de Estudios Económicos del BBVA me comentó que no importaba en absoluta que la situación empresarial gozara en ese instante de una fortaleza admirable, ni que el paro en 2007 hubiera caído a los niveles más bajos desde 1979 o que la Bolsa no parara de revalorizarse semana tras semana.
"Empezamos a desconfiar del futuro inmediato", concluyeron. España vivía en septiembre de 2006 en el cénit de un artificial proceso de crecimiento inmobiliario iniciado una década antes, cuando los tipos de interés bajaron considerablemente para contener la ‘lluvia radioactiva’ que se cernía sobre la económica y que alentó la petición de préstamos hipotecarios de forma tan masiva que el espíritu especulativo se trasladó de los parqués bursátiles al suculento sector naciente.
Recuerdo que el economista Gregorio Izquierdo, del insigne Instituto de Estudios Económicos, me abroncó en medio de una entrevista por utilizar el término ‘burbuja inmobiliaria’ para referirme a la situación de 2007 y me sugirió el uso de "una subida de los precios en función de la demanda demográfica, por el empuje del empleo y por las buenas condiciones financieras".
“El ladrillo es la religión de España”, escribió por aquellas fechas Ed Hart, un experto en mercadotecnia del periódico económico estadounidense Financial News, al analizar la desorbitada dimensión alcanzada por la vivienda en el Estado. Los datos lo confirmaban. Según las cifras del Ministerio de Trabajo, sólo en 2006 se crearon en España 170.000 nuevas empresas relacionadas con la construcción, 100.000 más que en 2000, lo que elevaba a un millón el número total de compañías que trabajaban este sector. Y los bancos estaban involucrados hasta las cejas.
¿Qué repercusiones puede tener la contención de un sector económico tan colosalmente disparado a las alturas?, pregunté a Julio Leal, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense y especialista en morfología urbana. “Partiendo de las prospecciones de población y sectoriales realizadas, observo que puede producirse un grave problema”, sentenció. Lo que la mayoría de los expertos ocultaron a la opinión pública española es que en 2006 ya percibían los primeros indicios de agotamiento del sistema de crecimiento y que presentaba idénticos síntomas que los que padecieron economías como la estadounidense: Los volúmenes de las ventas empezaban a moderarse, las demandas de hipotecas se calmaron y el número de casas sin vender se incrementó.
Con estos precedentes, los expertos ocultaron que la desaceleración iba a repercutir sobre el equilibrio de la economía nacional. Porque si al descenso de la productividad se le añade la caída de la revalorización y la desaparición de las autoexcitación especulativa —que explica la parte irracional de este mercado—, los constructores (y sobre todos ellos, los bancos) pretendían seguir siendo los reyes del mambo de la economía nacional. Estas mismas personas hoy nos cercenan grandes sumas de dinero destinado a la inversión pública y aseguran que no lo devolverán .
Y para ello han logrado que PSOE, PP y CiU firmen un pacto de no agresión sobre el escándalo de Bankia. A esto se conoce como omertà. Y es un rasgo distintivo de la mafia.
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